El modelo del bono social eléctrico con el que se ayuda a los consumidores con menos recursos económicos a pagar la factura de la luz en España está “desalineado” con las medidas de protección de este tipo que se están definiendo en la Unión Europea (UE), según constata un informe sobre este subsidio elaborado por PwC.

El estudio, realizado a petición de la Fundación Naturgy, destaca que una posibilidad para reorientar el modelo y situarlo acorde a las tendencias europeas sería definir una tarifa social que no esté indexada al precio mayorista de la electricidad para “evitar la volatilidad actual a la que está expuesto el consumidor vulnerable”.

El informe también concluye que España necesita alinear sus mecanismos de protección al consumidor vulnerable “eliminando la tarifa regulada de último recurso (PVPC) existente y definiendo una tarifa social“, con un precio fijo reducido y financiada a través de sistemas no discriminatorios y con carácter de ayuda social.

Según datos de REE, en la actualidad, se calcula que existen en España cerca de 29 millones de consumidores domésticos (el 94% del total de los contratos de suministro eléctrico), de los que cerca de 11 millones están acogidos al PVPC.

“Esta definición de tarifa social debe configurarse con el objetivo de evitar la distorsión y obstaculización de la libre competencia en el mercado eléctrico y, principalmente, como una medida de política social (…), por lo que es necesario que su financiación corriera a cargo de las cuentas públicas”, destacan los expertos de PwC.

Acerca de la forma de financiación, los expertos consideran que existen varias alternativas, como asociar esa nueva tarifa social a los Presupuestos Generales del Estado o costearla con otros ingresos regulados del sector eléctrico.

Asimismo, para evitar “mecanismos de ayuda distorsionadores” y lograr que las ayudas lleguen a quien realmente las necesiten, los expertos apuestan por unos criterios de acceso “estrictamente socioeconómicos” en los que se tengan en cuenta indicadores como la renta disponible y desligados de aspectos como el consumo o coste de la energía.

En la actualidad, para poder ser beneficiario del bono social eléctrico, más allá de tener la condición de consumidor vulnerable, este debe tener contratada la tarifa regulada del PVPC de manera obligatoria.

En el marco del alza de los precios del mercado eléctrico que se arrastra desde el año pasado y que se ha acentuado tras la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno ha incrementado de manera temporal los descuentos asociados al bono social hasta el 60% o el 70% (antes eran del 25% o del 40%), en función de si se trata de un consumidor vulnerable o vulnerable severo.

Además, el criterio principal para el acceso al bono social en la actualidad tiene que ver con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con arreglo al cual se establecen determinados rangos en función del tipo de familia: sin menores, con un menor, con dos menores, numerosas o pensionistas e incapacitados, detalla el informe.

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