La financiación del bono social eléctrico ha cambiado el pasado abril: ahora, todas las empresas del sector (distribuidoras, productoras y comercializadoras) deben contribuir  a costearlo. Algunas comercializadoras han empezado a desglosar este coste en sus facturas, como un concepto separado, generando confusión en los usuarios. OCU denuncia que se use el bono social como excusa para enredar a los clientes y enmascarar subidas en las facturas.  

El bono social eléctrico tiene desde abril un nuevo sistema de financiación... y ya son tres. Una sentencia del Tribunal Supremo declaró esta primavera que no se puede aplicar el modelo de financiación vigente desde 2016, que hacía recaer el coste del bono social sobre las compañías comercializadoras de energía. A partir de abril de 2022, todas las empresas del sector (distribuidoras, comercializadoras, empresas generadoras…) contribuyen a su financiación.

El importe de esa financiación lo fija la CNMC y, provisionalmente, se ha establecido en 11,146973 euros al año, unos 3 céntimos al día que cada comercializadora tendrá que pagar por cada uno de sus clientes. El coste del bono social, aunque ahora se reparte entre más agentes, ha sufrido además un fuerte incremento por las medidas especiales para paliar la crisis energética: el descuento del bono social ha aumentado del 25% y 40% al 60 y 70% respectivamente, además de que se han modificado los requisitos de acceso para que más hogares se puedan beneficiar de él. 

Dos formas de cobrar la financiación del bono social

Las comercializadoras, que son las que fijan las tarifas y emiten los recibos, tienen dos opciones para presentar ese coste a sus clientes en las facturas: integrado dentro de la tarifa, como cualquier otro coste, o bien facturándolo como un concepto aparte.

Bono social, nuevo concepto en muchas facturas

La mayoría de las comercializadoras, incluidas Iberdrola, Endesa y Naturgy, han optado por incluir un nuevo concepto en sus facturas: Financiación Bono Social, ya que,  desde el último cambio de la norma, han decidido desglosar ese coste de su tarifa regular y facturarlo de forma separada.

Otras  compañías, como Holaluz, Lucera, Som Energía, Gesternova o Gana Energía, ya lo hacían así desde hace años, aunque el importe anteriormente no era el mismo en todas las compañías y se situaba en torno a 2 céntimos al día. 

Por lo tanto, excepto que tengas contratada la tarifa regulada PVPC o que tu compañía sea Repsol o TotalEnergíes, verás en tus facturas este concepto de Financiación del bono social. Además de pagar por la potencia contratada y los kWh consumidos, se paga un importe “diario” por financiar el bono social, lo que ha supuesto un incremento en las tarifas de 0,03 euros al día, es decir 11,15 euros al año más impuestos, del que algunas comercializadoras no han informado debidamente a sus clientes. 

Esta forma de facturar es una estrategia de marketing que crea la apariencia de una tarifa más barata de lo que realmente es y complica poder comparar entre ellas.

Otra opción, incluirlo en la tarifa

Otra posibilidad sería integrar el coste del bono social en las tarifas que publicitan, como cualquier otro gasto en el que incurren. Esto sería más claro para los consumidores y facilitaría la comparación entre tarifas, pues ahora para conocer el precio total que estás pagando, tienes que ir sumando conceptos: al precio por kWh consumido le tienes que añadir la financiación del bono social y, en muchos casos, la compensación por el tope del gas, que muchas compañías han optado también por deglosar.

¿Pueden aplicarme ese recargo sin avisar? 

Aunque tengas contratado un precio fijo, las comercializadoras ha considerado la financiación del bono social como un nuevo coste regulado que se puede trasladar directamente al cliente sin que suponga un cambio en las condiciones generales de contratación. Siendo así, no necesitan advertirlo al cliente y lo aplican sin ningún preaviso. En OCU no estamos de acuerdo con esta interpretación: si las comercializadoras, para poder asumir el coste de la financiación del bono social, ven necesario trasladar el importe a sus clientes, deberían actualizar sus tarifas y comunicarlas con la antelación y transparencia prevista en la normativa a sus clientes.

Además, no hay que olvidar que el nuevo modelo de financiación ha reemplazado al modelo antiguo, lo que implica un ahorro de costes que debería haber sido trasladado a la tarifa de sus clientes exactamente con la misma justificación que han usado para añadir el nuevo concepto.

Los consumidores exigimos transparencia

Los contratos de muchas comercializadoras se han ido blindando contra posibles cambios en las normas añadiendo cada vez más circunstancias que pueden repercutir al cliente sin que sea considerado una modificación del contrato, algo que no nos parece aceptable. OCU considera que el nuevo modelo de financiación del bono social no puede ser la excusa para complicar más la factura de los consumidores y para hacer menos transparente su comunicación, como tampoco lo puede ser la compensación del tope del gas.

Bono social:¿qué es y quién lo paga?

El bono social eléctrico es una medida de apoyo y solidaridad con los hogares con menos recursos, a los que se vende la energía eléctrica a precios muy rebajados. Desde el principio se consideró que esas ayudas debían sufragarse dentro del propio mercado eléctrico, recayendo en las compañías que intervienen en él. Los importes que se recaudan van a parar a las comercializadoras reguladas que aplican los descuentos: de esta forma, se compensa su pérdida de ingresos. Los detalles de ese método de financiación siempre han sido controvertidos, como prueban los sucesivos recursos que han presentado las compañías y que han provocado ya tres cambios de sistema en 8 años:

Desde 2014 hasta 2016 fueron las compañías integradas verticalmente, es decir, las que además de comercializar la energía, también la producen y la distribuyen (Iberdrola, Naturgy, Endesa…) las que asumieron ese coste. Presentaron recursos y lograron que el mecanismo se declarara inconstitucional, por lo que fue necesario devolverles los importes que habían costeado y cambiar el sistema.

Desde 2016 hasta 2022, solo las comercializadoras (todas ellas, también las que no producen) tuvieron que asumir ese coste en función de los clientes que tenían. Esto perjudicaba, sobre todo, a las comercializadoras enfocadas a los clientes domésticos, pues tenían muchos contratos, pero de suministros pequeños. En cambio, beneficiaba a las que trabajan con grandes clientes. Una vez más, algunas comercializadoras presentaron recurso contra ese modelo y fue admitido, con lo que ahora ese modelo de financiación no puede aplicarse porque las discrimina. Se hacía necesario, por tanto, un nuevo modelo de financiación.

Desde abril de 2022 el coste del bono social se debe pagar entre todos los actores del sector eléctrico (generación, transporte distribución y compañías comercializadoras). En el caso concreto de las comercializadoras, su importe debe ser abonado en función del número de clientes de la compañía. La CNMC ha fijado ya lo que debe pagar cada compañía. Para las comercializadoras, el coste será de 11,4679 euros al año por cliente, lo que supondría casi 1 euro más en las facturas mensuales. Sin embargo, de ahí habrá que descontar lo que estuvieran cobrando anteriormente por esta financiación. 

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